¿Qué hacemos: subimos impuestos o recortamos servicios? Para empezar ni una cosa ni otra. Estando como estoy totalmente convencido de que la prioridad nº 1 de nuestro país para conseguir salir de la crisis debe ser equilibrar el déficit de nuestras Administraciones Públicas creo que hay muchas otras cosas que se pueden hacer antes de subir impuestos o recortar servicios. En realidad la pregunta que nos deberíamos hacer es: ¿incrementamos la recaudación o reducimos costes?
Llegado a este punto más de uno y más de dos estarán pensando: ¡Que cachondo!, se habrá quedado calvo el tío este, ¿Cómo narices se va a incrementar la recaudación sin subir los impuestos o a reducir los costes sin recortar los servicios? La respuesta es sencilla: se puede.
Empecemos con la recaudación, España, con una economía sumergida estimada en un 23% de su PIB, tiene el orgullo de encontrarse a la cabeza de los países que más defraudan en la UE, junto con Grecia e Italia (¡casi nada!). Los motivos, entre otros son:
- Contamos con un empleado de la Agencia Tributaria por cada 1.680 contribuyentes, un indicador tres veces inferior al de la media de los países de la OCDE.
- Los sistemas de información empleados por gran parte de las Administraciones Públicas de nuestro país para gestionar sus tributos se encuentran obsoletos, lo que se traduce en dificultades para realizar cruces de información, emplear modelos predictivos y en definitiva, ser más eficientes a la hora de recaudar.
- Y por qué no, culturalmente no somos una sociedad muy dada a pagar impuestos... mientras nuestros vecinos de los países nórdicos tienen conciencia de sus obligaciones tributarias y ven mal a aquel que intenta evadirse en el pago de sus impuestos, en este nuestro país, quien más quien menos ha pedido que le hagan una factura sin IVA, tiene una chica de servicio en casa a la que no tiene dada de alta en la seguridad social y se ha comprado un piso sin escriturar por el 100% del valor real de la compra venta.
Para que nos hagamos una idea de la magnitud del problema, teniendo en cuenta que la presión fiscal media en España se sitúa en un 30,4%, si consiguiésemos bajar hasta un 13% el fraude fiscal, situándonos en la media de los países de la UE, conseguiríamos incrementar nuestra recaudación en más de 43.500 millones de euros.
Comparando esta cifra con los 2.000 millones que estima recaudar Rubalcaba aumentando un 10% los impuestos sobre el alcohol y el tabaco, los 1.400 millones que supuestamente generaría la recuperación del impuesto de patrimonio o los 1.000 millones de euros atribuidos a un impuesto especial sobre los bancos, creo que no hace falta ningún tipo de comentario adicional sobre dónde debería ponerse el foco de forma prioritaria.
Resumiendo, mi apuesta no es por subir los impuestos sino por aumentar la recaudación, incrementando la lucha y los esfuerzos contra el fraude, y si después de haber agotado esta vía necesitamos seguir aumentando los ingresos, discutimos sobre la conveniencia o no de subir los impuestos y sobre el efecto de una posible subida en la recaudación, sobre todo, en un contexto como el actual, donde la economía se encuentra totalmente estrangulada a todos los niveles: inversión y consumo.
Cerrado el capítulo de la recaudación, pasemos al siguiente capítulo: los costes. Este área es tan extenso y la capacidad de mejora es tan grande que más que un post podríamos escribir un libro con áreas donde la Administración podría mejorar sus procesos para reducir sus costes.
Una buena forma de entender lo que digo es darse una vuelta por cualquier organismo público y observar atentamente cómo trabajan sus empleados. Lo más probable es que nos encontremos con un montón de funcionarios enterrados entre montañas de papel, que en el mejor de los casos se encontrarán ordenadas y clasificadas en AZs y en el peor de los casos formarán parte del decorado de la mesa del funcionario/a que desarrolla allí su labor, veremos empleados que están muy ocupados y otros que se encuentran más bien ociosos y a buen seguro, ciudadanos con cara de susto, que miran a su alrededor sin tener del todo claro a dónde o qué tienen que hacer, y que nada más llegar es posible que se acerquen formulario en mano y te pregunten: "¿Sabe usted qué hay que poner en la casilla D8 donde piden el código del centro gestor?".
El diagnóstico es claro: tenemos unas Administraciones Públicas que funcionan con procesos muy complejos y burocratizados, que requieren un uso intensivo de capital humano y donde la automatización de tareas simplemente no existe. Por si esto fuera poco cuentan con plantillas poco flexibles, donde es fácil encontrar empleados poco motivados, sin incentivos para mejorar o esforzarse y que en la mayoría de los casos no cuentan con las mejores herramientas para poder hacer bien su trabajo.
Resultado: un auténtico desastre en el que sería sumamente fácil conseguir ahorros muy importantes incluso mejorando los niveles de servicio actuales, ¿y entonces por qué no se hace? Pues no se hace porque siendo fácil identificar los cambios es difícil implementarlos y para ello sería necesario bombardear y volver a refundar las bases del modelo actual con el foco puesto en los siguientes objetivos:
Comparando esta cifra con los 2.000 millones que estima recaudar Rubalcaba aumentando un 10% los impuestos sobre el alcohol y el tabaco, los 1.400 millones que supuestamente generaría la recuperación del impuesto de patrimonio o los 1.000 millones de euros atribuidos a un impuesto especial sobre los bancos, creo que no hace falta ningún tipo de comentario adicional sobre dónde debería ponerse el foco de forma prioritaria.
Resumiendo, mi apuesta no es por subir los impuestos sino por aumentar la recaudación, incrementando la lucha y los esfuerzos contra el fraude, y si después de haber agotado esta vía necesitamos seguir aumentando los ingresos, discutimos sobre la conveniencia o no de subir los impuestos y sobre el efecto de una posible subida en la recaudación, sobre todo, en un contexto como el actual, donde la economía se encuentra totalmente estrangulada a todos los niveles: inversión y consumo.
Cerrado el capítulo de la recaudación, pasemos al siguiente capítulo: los costes. Este área es tan extenso y la capacidad de mejora es tan grande que más que un post podríamos escribir un libro con áreas donde la Administración podría mejorar sus procesos para reducir sus costes.
Una buena forma de entender lo que digo es darse una vuelta por cualquier organismo público y observar atentamente cómo trabajan sus empleados. Lo más probable es que nos encontremos con un montón de funcionarios enterrados entre montañas de papel, que en el mejor de los casos se encontrarán ordenadas y clasificadas en AZs y en el peor de los casos formarán parte del decorado de la mesa del funcionario/a que desarrolla allí su labor, veremos empleados que están muy ocupados y otros que se encuentran más bien ociosos y a buen seguro, ciudadanos con cara de susto, que miran a su alrededor sin tener del todo claro a dónde o qué tienen que hacer, y que nada más llegar es posible que se acerquen formulario en mano y te pregunten: "¿Sabe usted qué hay que poner en la casilla D8 donde piden el código del centro gestor?".
El diagnóstico es claro: tenemos unas Administraciones Públicas que funcionan con procesos muy complejos y burocratizados, que requieren un uso intensivo de capital humano y donde la automatización de tareas simplemente no existe. Por si esto fuera poco cuentan con plantillas poco flexibles, donde es fácil encontrar empleados poco motivados, sin incentivos para mejorar o esforzarse y que en la mayoría de los casos no cuentan con las mejores herramientas para poder hacer bien su trabajo.
Resultado: un auténtico desastre en el que sería sumamente fácil conseguir ahorros muy importantes incluso mejorando los niveles de servicio actuales, ¿y entonces por qué no se hace? Pues no se hace porque siendo fácil identificar los cambios es difícil implementarlos y para ello sería necesario bombardear y volver a refundar las bases del modelo actual con el foco puesto en los siguientes objetivos:
- Necesitamos eliminar el papel y para ello es necesario revisar y simplificar los procesos, eliminar todas las tareas que no aportan valor y suprimir duplicidades. No tiene ningún sentido que en pleno siglo XXI sigamos tramitando los expedientes con la ayuda de AZs, con escritos de remisión de expedientes acompañados de acuses de recibo, y con un montón de empleados públicos cuya única misión es mecanografiar los informes que manuscriben los técnicos, o lo que es peor, simplemente mover los montones de papel de una mesa a otra o como mucho, de un edificio a otro.
- El modelo de contratación y despido de empleados públicos debería ser, si no igual, parecido al de las empresas privadas: necesito gente, la contrato, me sobra gente, la reciclo o la despido y además la retribución de los empleados públicos debería ir ligada al cumplimiento de unos objetivos. El que más trabaje y más se esfuerce debería cobrar más, y el que no lo haga debería cobrar menos o no cobrar.
- Por último el funcionamiento de las Administraciones, y por lo tanto de sus organismos, no debería ir ligado a la ejecución de unos presupuestos, sino al cumplimiento de unos objetivos. Es muy triste pero la realidad es así, si asignamos 2 millones de euros para la construcción de 2 hospitales a 2 gestores distintos y al final del año conseguimos los siguientes resultados: el gestor uno ha construido los dos hospitales con 1,5 millones y el gestor 2 ha construido 1 sólo hospital con los 2 millones, lo que seguramente va a ocurrir para el presupuesto del año que viene es: que al gestor uno le van a reducir el presupuesto y por el contrario al gestor dos se lo van a ampliar.
Creo que la conclusión es clara, los servicios públicos son desde mi punto de vista, la razón de ser de una Administración Pública, todo lo demás en muchos casos podría ser prescindible, pero la educación, la sanidad o la seguridad ciudadana son servicios básicos que no deberíamos tocar, o por lo menos, no deberíamos hacerlo hasta que no hayamos exprimido a tope la vía de los ahorros en otras áreas.
