La medida es tan simple que creo podría ser la entrada más corta que he publicado hasta la fecha. Para ilustrar la entrada voy a tomar como ejemplo uno de los tres grandes niveles de actuación en los que se encuentran divididas nuestras Administraciones Públicas: las Comunidades Autónomas, pero el ejercicio podría hacerse de igual forma con el Gobierno Central o con los Ayuntamientos y las conclusiones a las que llegaríamos seguirían siendo exactamente las mismas.
En España tenemos 17 Comunidades Autónomas más las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. Estas 17 Comunidades tienen competencias, salvo raras excepciones, idénticas o muy parecidas en sus distintos ámbitos de actuación: sanidad, empleo, turismo, servicios sociales, educación, medio ambiente, infraestructuras, etc, etc.
Para más inri muchas de estas competencias antes las prestaba de forma centralizada el Gobierno Central y como consecuencia de un proceso de descentralización, se han ido transfiriendo a las Comunidades Autónomas.
Pues bien tenemos 17 entidades, que a priori son muy parecidas, por no decir prácticamente iguales, que en la mayoría de los casos tienen sistemas de información propios, gestionados con recursos propios y totalmente independientes unos de otros.
Un ejemplo, todas las Comunidades tienen que realizar una gestión de sus recursos desde el punto de vista económico-financiero, desde el punto de vista de sus recursos humanos o desde el punto de vista de la recaudación de sus tributos, salvo pequeñas diferencias, sus contabilidades, sus finanzas, su marco de gestión de recursos humanos o la recaudación de sus tributos se rigen por reglas similares, muy parecidas, que tienen un carácter general y que no justifican en ningún caso, tener y mantener 17 sistemas de gestión económico-financiera, 17 sistemas de gestión de recursos humanos o 17 sistemas de gestión tributaria. Pues esto es lo que está ocurriendo, y lo que es peor, muchas de estas Administraciones creen que debe ser así, que es correcto, que ellos son diferentes al resto y que por lo tanto tienen necesidades específicas y propias que les obligan a invertir en la puesta en marcha y mantenimiento anual de sus sistemas de información. Si estimamos el coste de implantación de un sistema de información de este tipo, tirando por lo bajo, en 4-5 millones de euros y a eso le añadimos un gasto anual de mantenimiento de 1 millón de euros más, resulta que sólo en la puesta en marcha de estas tres herramientas cada 10-15 años las Comunidades Autónomas se dejan 255 millones de euros a los que tenemos que sumar 51 millones de euros más que se dejan en concepto de mantenimiento.
Otro ejemplo, en aquellas competencias en las que inicialmente las Comunidades Autónomas no eran competentes, como la justicia, el empleo, la sanidad y la educación, y en las que, cuando se realizó la transferencia, entre los recursos transferidos se encontraban los sistemas de información, a día de hoy la mayoría de las Comunidades han desarrollado e implantado sistemas propios, y en aquellos casos en los que no lo han hecho y todavía usan los sistemas del Ministerio tienen en mente hacerlo.
Último ejemplo, la cosa no queda aquí, es mucho más grave, porque no sólo ocurre que cada Comunidad tiene sus propios sistemas, la cosa es mucho peor, en muchos casos dentro de cada Comunidad, las distintas Consejerías, Conselleries o como se llamen, tienen sistemas de información propios y distintos al del resto de Consejerías, que hacen exactamente lo mismo: mantener su página web, gestionar sus expedientes administrativos o enviar notificaciones a los interesados, y lo que es peor, en muchos casos insisten en que es necesario, en que ellos son diferentes.
Pues bien, le pese a quien le pese y le disguste a quien le disguste, no tiene ningún sentido. En pleno siglo XXI, con el foco puesto en el ahorro en costes, y con tecnologías ya maduras que hacen posible tener los sistemas de información en la nube (cloud computing), o incluso acceder a los sistemas de información en modo servicio (Software as a Service), no podemos permitirnos el lujo de seguir avanzando por esta línea. Imaginemos por un momento qué ocurriría si juntásemos todos los recursos de todas las Comunidades Autónomas y los empleásemos en el desarrollo de un único sistema de información compartido por todas ellas para cada una de las áreas. Para empezar me atrevo a decir que el 80% del presupuesto nos lo podríamos ahorrar, pero además con el 20% restante tendríamos super sistemas de información, con funcionalidades avanzadas, incorporando las últimas tecnologías y en constante progreso y evolución.
Y entonces, ¿por qué no se hace? Porque hasta ahora vivíamos en plena abundancia, entre recursos que parecían infinitos y que nos permitían apostar por la diferenciación, pero eso se acabó, la realidad es otra, e incluso es posible que como resultado de la crisis pongamos en orden algunas cosas. No tenemos un duro, somos poco competitivos y necesitamos reducir como sea los gastos de nuestras Administraciones Públicas, en definitiva, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y de actuar, y yo digo que si fuese Presidente, esto lo haría.
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